Archivo de la categoría: Tribunal Constitucional

Ponderación existencia de arraigo para sustitución pena de prisión por expulsión

Sala Primera. Sentencia 29/2017, de 27 de febrero de 2017. Recurso de amparo 3279-2014. Respecto de las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y un Juzgado de lo Penal de Manresa que le condenaron por un delito de falsedad en documento público. Vulneración del derecho a la tutela judicial (motivación): resoluciones judiciales que no ponderan la existencia de arraigo familiar al acordar la sustitución de una pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. (Publicada en el BOE en fecha 10/04/2017)

(…) las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su concreta dimensión del derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada en derecho, en lo que respecta a la decisión de sustitución de la pena de prisión de dos años impuesta a la recurrente por su expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España por un plazo de seis años. Las resoluciones judiciales impugnadas no han hecho cuestión de que en la aplicación del sustitutivo penal de expulsión del art. 89 CP, en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, vigente en el momento en que se produjeron los hechos y se decidió sobre la aplicación del sustitutivo penal de expulsión tanto en primera instancia como en apelación, resultaba necesario ponderar la existencia de una situación de arraigo familiar, en los términos en lo que después ha sido impuesto legislativamente en el art. 89.4 CP, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Expulsión residente Larga Duración

Sala Segunda. Sentencia 201/2016, de 28 de noviembre de 2016. Recurso de amparo 201-2016. Promovido en relación con las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona que acordaron la salida del territorio nacional, y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona que desestimaron su impugnación. Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016). (Publicada en el BOE en fecha 09/01/2017)

En el caso que ahora nos ocupa, ninguna de las resoluciones impugnadas, pese a reconocer la condición del recurrente de residente de larga duración en España, aborda la necesaria ponderación de sus circunstancias personales y familiares. Las resoluciones administrativas se limitan, por una parte, a despachar con fórmulas estereotipadas las alegaciones del actor relativas a su arraigo, lo que, como bien afirma el Fiscal, pone de manifiesto «una patente renuencia de la Administración a valorar la circunstancias alegadas», mientras que las resoluciones judiciales consideran, de otro lado, que la naturaleza jurídica no sancionadora de la medida impuesta exime del deber de ponderar las circunstancias personales y familiares del extranjero, ya que la expulsión del art. 57.2 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx) constituye, según se razona, una consecuencia legalmente tasada que procede imperativamente ante una circunstancia —la comisión de un delito castigado con pena superior a un año de prisión— que evidencia el incumplimiento sobrevenido de las circunstancias en las que se asienta la autorización para residir en España.

Ninguna de las razones expuestas es suficiente para cumplir con el deber de motivación que en el presente caso pesaba tanto sobre la Administración como sobre los órganos del Poder Judicial por imperativo del derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

(…)

En las resoluciones judiciales impugnadas se sostiene, en efecto, que la Administración, al adoptar la decisión de expulsión al amparo del art. 57.2 LOEx, no tenía por qué realizar ponderación alguna relativa a las circunstancias personales y familiares del ahora demandante de amparo, pues le bastaba, de acuerdo con el tenor del aludido precepto, la simple constatación de la existencia de una condena no cancelada por delito doloso castigado con pena de prisión superior a un año. Solo si la medida impuesta por la Administración hubiera tenido naturaleza sancionadora habría sido precisa, desde esta óptica, una motivación adicional relativa a la proporcionalidad de la «sanción de expulsión» en relación con las circunstancias personales y familiares del individuo sancionado, tal y como expresamente contempla el art. 57.5 LOEx.

Pues bien, el argumento expuesto no puede ser aceptado, ya que, dejando de lado su dudosa compatibilidad con lo que, en el ámbito de la legalidad ordinaria, se dispone en la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración —cuyo art. 12 obliga a ponderar las circunstancias familiares en toda decisión de expulsión (también, por tanto, en la que no tiene naturaleza sancionadora)—, la medida de expulsión impuesta por la Administración estaba sujeta en todo caso, por el grado de gravamen que representa en intereses constitucionalmente salvaguardados, a especiales exigencias de motivación, y esto aun cuando no pudiera atribuírsele una naturaleza jurídica sancionadora.

En efecto, hemos recordado en la reciente STC 131/2016, de 18 de julio (FJ 6), que «el deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no solo se produce en el supuesto de las sanciones administrativas» y que «frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional». También hemos reiterado en dicha resolución que esto ocurre precisamente cuando los actos administrativos limitan o restringen «el ejercicio de derechos fundamentales» pues en tal caso la actuación de la Administración «es tan grave que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o el conjunto de hechos que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6). Específicamente, hemos añadido que la expulsión del extranjero con residencia de larga duración supone «una clara limitación a derechos fundamentales del actor que, como consecuencia de acordarse su expulsión del territorio nacional, se ha visto privado de su autorización de residencia, lo que implica la alteración de su propia condición de ciudadano y de la posibilidad del ejercicio de los derechos y libertades inherentes a la misma, aparte de las consecuencias que la medida tiene en su vida familiar» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6), lo que hace que sea extensible a dicha medida ese deber constitucional de motivación al margen de su eventual naturaleza jurídica sancionadora.

De acuerdo con la doctrina expuesta, la argumentación proporcionada por las resoluciones judiciales impugnadas, que excluye la ponderación de las circunstancias personales y familiares del recurrente por no contemplar el art. 57.2 LOEx una sanción, no puede ser aceptada pues «[a]l estar en juego, asociados a derechos fundamentales como los contemplados en los arts. 18.1 y 24.2 CE (STC 46/2014, FJ 7), una pluralidad de intereses constitucionales como el de protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE)», es preciso en todo caso «ponderar las circunstancias de cada supuesto» y «tener en cuenta la gravedad de los hechos» (STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 7 y 131/2016, de 18 de junio, FJ 6).

(…)

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el recurso de amparo interpuesto por el representante legal de don Z. B. y, en su virtud:

1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, anular la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Barcelona de 24 de noviembre de 2014, dictada en el procedimiento abreviado núm. 516-2013 y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de diciembre de 2015, dictada en el rollo de apelación núm. 168-2015.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Barcelona de 24 de noviembre de 2014, para que dicho órgano judicial dicte una nueva resolución compatible con el derecho fundamental vulnerado en los términos que se precisan en el fundamento jurídico 5.

*La negrita y el subrayado son nuestros.

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

– Sala Primera. Sentencia 146/2016, de 19 de septiembre de 2016. Recurso de amparo 4160-2014. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid declarando su falta de competencia territorial para conocer del recurso interpuesto frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en las Illes Balears en materia de extranjería. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión del recurso de amparo que no contiene justificación de su especial trascendencia constitucional. Voto particular. (Publicada en el BOE en fecha 31/10/2016)

” tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ya no basta, para que el recurso de amparo pueda ser admitido, con razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental; es preciso, además, justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional en atención a los criterios que señala el art. 50.1 b) LOTC. Para ello la demanda del recurrente habrá de disociar adecuadamente la argumentación dirigida a acreditar la existencia de la lesión del derecho fundamental que se alega y los razonamientos específicamente dirigidos a satisfacer la carga de justificar la especial trascendencia constitucional, como exige expresamente el art. 49.1 in fine LOTC.”

– Pleno. Sentencia 154/2016, de 22 de septiembre de 2016. Recurso de amparo 6144-2014. Promovido por la asociación Algeciras Acoge en relación con el Auto de un Juzgado de Instrucción de Algeciras que denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus. Alegada vulneración del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión del recurso de amparo por falta de legitimación de la asociación promotora. Voto particular(Publicada en el BOE en fecha 31/10/2016)

” El art. 3 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de regulación del procedimiento de habeas corpus (LOHC) establece que sólo pueden instar este procedimiento, además del titular del derecho, esto es, el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo y, finalmente respecto a los menores y personas incapacitadas, también sus representantes legales. Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente.” (…)

” no debe confundirse el «interés legítimo» [art. 162.1 b) CE], con un «interés genérico en la preservación de derechos»”

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Relevante Jurisprudencia Tribunal Constitucional

– Sala Segunda. Sentencia 131/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo 5646-2014, en relación con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimatoria, en apelación, del recurso interpuesto frente a resolución sancionadora en materia de extranjería dictada por la Subdelegación del Gobierno en Valencia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 140/2009). (Publicada en el BOE en fecha 16/08/2016)

Pleno. Sentencia 139/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4123-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Límites de los decretos-leyes, derecho a la salud y competencias sanitarias, derecho a la protección de datos de carácter personal: nulidad del precepto legal que remite en blanco al reglamento la determinación del nivel de ingresos que no deben superar quienes, sin tener vínculo alguno con el sistema de Seguridad Social, aspiren a acceder a la condición de asegurados. Votos particulares(Publicada en el BOE en fecha 16/08/2016)

Ha decidido

1.º Declarar inconstitucional y nulo el inciso «siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente» del art. 3.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la redacción dada al mismo por el art. 1.1 del Real Decreto-ley 16/2012.

2.º Desestimar el recurso en todo lo demás

Pleno. Sentencia 140/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 973-2013. Interpuesto por ciento nueve Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y acceso al recurso) y a la igualdad en la ley; principio de capacidad económica y control de legalidad de la actividad administrativa: nulidad del precepto legal que determina la cuota tributaria de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil (recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal), contencioso-administrativo y social. (Publicada en el BOE en fecha 16/08/2016)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 103/2016, de 6 de junio de 2016. Recurso de amparo 1546-2013. Promovido por don Volodymyr Dyiakon respecto de las resoluciones dictadas por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 15/07/2016)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 89/2016, de 9 de mayo de 2016. Recurso de amparo 2379-2011. Promovido por don Stepan Neyko respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a un año en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en  el BOE en fecha 18/06/2016)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 75/2016, de 25 de abril de 2016. Recurso de amparo 7650-2010. Promovido por don Jesús Padilla Muguercia respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 31/05/2016)

Sala Segunda. Sentencia 76/2016, de 25 de abril de 2016. Recurso de amparo 8423-2010. Promovido por doña Jeaneth Fátima Churqui Mercado respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 31/05/2016)

Sala Segunda. Sentencia 77/2016, de 25 de abril de 2016. Recurso de amparo 8735-2010. Promovido por don Martins Oriaifo respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a cuatro años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 31/05/2016)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 63/2016, de 11 de abril de 2016. Recurso de amparo 4577-2011. Promovido por don José Vicente Lapo Estrada respecto de la diligencia de ordenación dictada por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre de expulsión del territorio nacional, y del decreto de la misma Secretaría que confirmó aquella en reposición. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010). (Publicada en el BOE en fecha 20/05/2016)

(…) el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando. Tales son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades.

(…) 7. Por todo lo anterior, cabe concluir que se ha vulnerado en este caso el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del recurrente (art. 24.2 CE), como consecuencia de la fecha fijada por el órgano judicial para la celebración de la vista de su recurso contencioso-administrativo. Al igual que en otros casos resueltos por este Tribunal (por todas, STC 89/2014, de 9 de junio, FJ 7), el otorgamiento del amparo debe limitarse a la declaración de la violación del derecho fundamental, dado que, celebrada efectivamente la vista en la dilatada fecha señalada en su día para el 22 de abril de 2014, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 27 de Madrid dictó, pocos días después, Sentencia estimatoria del recurso contra la resolución de expulsión.

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 207/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 1250-2014. Promovido por don Oumar Fall respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de Málaga que inadmitieron su impugnación de la orden administrativa de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por falta de apoderamiento del procurador que había sido designado de oficio. (Publicada en el BOE en fecha 13/11/2015)

Sala Primera. Sentencia 204/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 4887-2013. Promovido por doña Nouria Taibi en relación con el Auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca que denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 195/2014). (Publicada en el BOE en fecha 13/11/2015)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Pleno. Sentencia 199/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5099-2014. Interpuesto por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda plural; y Unión Progreso y Democracia, respecto del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Límites a los decretos-leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente los preceptos legales relativos a las empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, y a la llevanza del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Voto particular. (Publicada en el BOE en fecha 30/10/2015)

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el más de cincuenta Diputados y, en consecuencia:

Declarar que:

1.º Son inconstitucionales y nulos el art. 116 y las disposiciones adicionales vigésima a vigésima cuarta del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

2.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Pleno. Sentencia 155/2015, de 9 de julio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2085-2010. Interpuesto por el Parlamento de Navarra, en relación con el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Derecho a la educación: constitucionalidad del precepto legal que regula el acceso a la educación no obligatoria de los extranjeros mayores de edad (STC 236/2007). Votos particulares. (Publicada en el BOE en fecha 14/08/2015) 

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisdicción C-A, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional: datos de carácter personal

Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales. (Publicado en el BOE en fecha 27/07/2015)

Disposición transitoria. Las disposiciones de este acuerdo serán aplicables a los procesos iniciados antes de su entrada en vigor.

Disposición final. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín oficial del Estado».

Deja un comentario

Archivado bajo Acuerdos, BOE, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 87/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo 4521-2009. Promovido por don Hermenegildo Abaga Maye Obomo respecto del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010). (Publicada en el BOE en fecha 19/06/2015)

Sala Segunda. Sentencia 88/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo 2151-2010. Promovido por don Edgar Antonio Reyes Gutiérrez respecto del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 20 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010). (Publicada en el BOE en fecha 19/06/2015)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisdicción C-A, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 74/2015, de 27 de abril de 2015. Recurso de amparo 9400-2009. Promovido por don Issa Koulibaly respecto del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid en proceso sobre denegación de la autorización de residencia. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010).  (Publicada en el BOE en fecha 08/06/2015)

Sala Primera. Sentencia 76/2015, de 27 de abril de 2015. Recurso de amparo 6696-2012. Promovido por don Víctor Hugo Tituaña Yugcha en relación con el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre denegación de la concesión de la nacionalidad española. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). (Publicada en el BOE en fecha 08/06/2015)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisdicción C-A, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 99/2014, de 23 de junio de 2014. Recurso de amparo 5727-2010. Promovido por don Adán Méndez Cano respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años para celebrar la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010). (Publicada en el suplemento del BOE de fecha 22/07/2014)

Deja un comentario

Archivado bajo BOE, Jurisdicción C-A, Jurisprudencia, Tribunal Constitucional