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Sentencia del Tribunal de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)

Sentencia del Tribunal, de 26 de julio de 2016, en el asunto E-28/15 — Yankuba Jabbi/Gobierno noruego, representado por el Organismo de recursos en materia de inmigración (Directiva 2004/38/CE — Derecho de residencia — Derechos derivados para nacionales de terceros países). (Publicada en el DOUE en fecha 24/03/2017)

Cuando un nacional de un Estado miembro del EEE, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE, ha creado o consolidado una convivencia familiar con un nacional de un tercer país durante su residencia efectiva en un Estado del EEE distinto a aquel del cual sea nacional, las disposiciones de dicha Directiva se aplicarán por analogía cuando dicho ciudadano del EEE retorne con el miembro de la familia a su Estado de origen.

* La Asociación Europea de Libre Comercio, AELC (European Free Trade Association  o EFTA, en inglés) es una organización intergubernamental establecida para la promoción del libre comercio y la integración económica en beneficio de sus Estados miembros.  Actualmente la EFTA está constituida por cuatro Estados: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

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Jurisprudencia Tribunal Constitucional: expulsión residente larga duración

Sala Segunda. Sentencia 14/2017, de 30 de enero de 2017. Recurso de amparo 1920-2015. Promovido por don Luis Enrique Lamadriz Torres respecto de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de un Juzgado de Castellón desestimatorias de su impugnación de la sanción de expulsión del territorio nacional impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativas y judiciales que no ponderaron las circunstancias personales y familiares al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016). (Publicada en el BOE en fecha 10/03/2017)

(…) en el presente caso, este Tribunal ha apreciado en la providencia de admisión a trámite del recurso que el mismo cuenta con especial trascendencia constitucional ya que puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)], porque la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera traer causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que este Tribunal pudiera considerar lesiva del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 d)], y, finalmente, dado que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)].

(…) Este Tribunal ha recordado en las recientes SSTC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6, y 201/2016, de 28 de noviembre, FJ 3, que «el deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no sólo se produce en el supuesto de las sanciones administrativas», y que «frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional». También se ha reiterado en dichas resoluciones que esto ocurre precisamente cuando los actos administrativos limitan o restringen «el ejercicio de derechos fundamentales», pues en tal caso la actuación de la Administración «es tan grave que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o el conjunto de hechos que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6). Específicamente, se ha destacado que la expulsión del extranjero con residencia de larga duración supone «una clara limitación a derechos fundamentales del actor que, como consecuencia de acordarse su expulsión del territorio nacional, se ha visto privado de su autorización de residencia, lo que implica la alteración de su propia condición de ciudadano y de la posibilidad del ejercicio de los derechos y libertades inherentes a la misma, aparte de las consecuencias que la medida tiene en su vida familiar» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6), lo que hace que sea extensible a dicha medida ese deber constitucional de motivación al margen de su eventual naturaleza jurídica sancionadora.

(…) El recurrente no sólo había puesto de manifiesto circunstancias personales y familiares determinantes de un singular arraigo en España, también había introducido en el acervo probatorio elementos indicativos de una situación de especial vulnerabilidad, motivada por su estado de salud, lo que le hacía enteramente dependiente. Sin embargo, ni ésta ni ninguna otra de las singularidades del asunto en orden a la situación personal del interesado fueron específicamente valoradas por las resoluciones reseñadas.

(…) No se produjo, por tanto, una ponderación ad casum que, conforme a la descrita dimensión constitucional del asunto, expresase un verdadero diálogo en divergencia o, siquiera, un contraste de relevancia o potencial armonización de los dos parámetros en presencia, a saber: el riesgo para la seguridad y el orden público y las específicas circunstancias del afectado por la expulsión, pues no se ponderaron en todo su alcance ni la patología concurrente, ni el resto de circunstancias personales y familiares, ni la situación en que vendría a ser situado el afectado una vez llevada a cabo la expulsión. La norma legal aplicable requería una interpretación acorde a dicha ponderación, con el carácter reforzado y penetrante que precisan y demandan nuestros pronunciamientos en la materia. (…)

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Luis Enrique Lamadriz Torres y, en su virtud:

1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, anular la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 10 de febrero de 2015, así como la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, de 4 de octubre de 2012, dictada en el procedimiento abreviado núm. 193-2012.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, para que dicho órgano judicial se pronuncie de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

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Expulsión residente Larga Duración

Sala Segunda. Sentencia 201/2016, de 28 de noviembre de 2016. Recurso de amparo 201-2016. Promovido en relación con las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona que acordaron la salida del territorio nacional, y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona que desestimaron su impugnación. Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016). (Publicada en el BOE en fecha 09/01/2017)

En el caso que ahora nos ocupa, ninguna de las resoluciones impugnadas, pese a reconocer la condición del recurrente de residente de larga duración en España, aborda la necesaria ponderación de sus circunstancias personales y familiares. Las resoluciones administrativas se limitan, por una parte, a despachar con fórmulas estereotipadas las alegaciones del actor relativas a su arraigo, lo que, como bien afirma el Fiscal, pone de manifiesto «una patente renuencia de la Administración a valorar la circunstancias alegadas», mientras que las resoluciones judiciales consideran, de otro lado, que la naturaleza jurídica no sancionadora de la medida impuesta exime del deber de ponderar las circunstancias personales y familiares del extranjero, ya que la expulsión del art. 57.2 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx) constituye, según se razona, una consecuencia legalmente tasada que procede imperativamente ante una circunstancia —la comisión de un delito castigado con pena superior a un año de prisión— que evidencia el incumplimiento sobrevenido de las circunstancias en las que se asienta la autorización para residir en España.

Ninguna de las razones expuestas es suficiente para cumplir con el deber de motivación que en el presente caso pesaba tanto sobre la Administración como sobre los órganos del Poder Judicial por imperativo del derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

(…)

En las resoluciones judiciales impugnadas se sostiene, en efecto, que la Administración, al adoptar la decisión de expulsión al amparo del art. 57.2 LOEx, no tenía por qué realizar ponderación alguna relativa a las circunstancias personales y familiares del ahora demandante de amparo, pues le bastaba, de acuerdo con el tenor del aludido precepto, la simple constatación de la existencia de una condena no cancelada por delito doloso castigado con pena de prisión superior a un año. Solo si la medida impuesta por la Administración hubiera tenido naturaleza sancionadora habría sido precisa, desde esta óptica, una motivación adicional relativa a la proporcionalidad de la «sanción de expulsión» en relación con las circunstancias personales y familiares del individuo sancionado, tal y como expresamente contempla el art. 57.5 LOEx.

Pues bien, el argumento expuesto no puede ser aceptado, ya que, dejando de lado su dudosa compatibilidad con lo que, en el ámbito de la legalidad ordinaria, se dispone en la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración —cuyo art. 12 obliga a ponderar las circunstancias familiares en toda decisión de expulsión (también, por tanto, en la que no tiene naturaleza sancionadora)—, la medida de expulsión impuesta por la Administración estaba sujeta en todo caso, por el grado de gravamen que representa en intereses constitucionalmente salvaguardados, a especiales exigencias de motivación, y esto aun cuando no pudiera atribuírsele una naturaleza jurídica sancionadora.

En efecto, hemos recordado en la reciente STC 131/2016, de 18 de julio (FJ 6), que «el deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no solo se produce en el supuesto de las sanciones administrativas» y que «frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional». También hemos reiterado en dicha resolución que esto ocurre precisamente cuando los actos administrativos limitan o restringen «el ejercicio de derechos fundamentales» pues en tal caso la actuación de la Administración «es tan grave que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o el conjunto de hechos que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6). Específicamente, hemos añadido que la expulsión del extranjero con residencia de larga duración supone «una clara limitación a derechos fundamentales del actor que, como consecuencia de acordarse su expulsión del territorio nacional, se ha visto privado de su autorización de residencia, lo que implica la alteración de su propia condición de ciudadano y de la posibilidad del ejercicio de los derechos y libertades inherentes a la misma, aparte de las consecuencias que la medida tiene en su vida familiar» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6), lo que hace que sea extensible a dicha medida ese deber constitucional de motivación al margen de su eventual naturaleza jurídica sancionadora.

De acuerdo con la doctrina expuesta, la argumentación proporcionada por las resoluciones judiciales impugnadas, que excluye la ponderación de las circunstancias personales y familiares del recurrente por no contemplar el art. 57.2 LOEx una sanción, no puede ser aceptada pues «[a]l estar en juego, asociados a derechos fundamentales como los contemplados en los arts. 18.1 y 24.2 CE (STC 46/2014, FJ 7), una pluralidad de intereses constitucionales como el de protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE)», es preciso en todo caso «ponderar las circunstancias de cada supuesto» y «tener en cuenta la gravedad de los hechos» (STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 7 y 131/2016, de 18 de junio, FJ 6).

(…)

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el recurso de amparo interpuesto por el representante legal de don Z. B. y, en su virtud:

1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, anular la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Barcelona de 24 de noviembre de 2014, dictada en el procedimiento abreviado núm. 516-2013 y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de diciembre de 2015, dictada en el rollo de apelación núm. 168-2015.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Barcelona de 24 de noviembre de 2014, para que dicho órgano judicial dicte una nueva resolución compatible con el derecho fundamental vulnerado en los términos que se precisan en el fundamento jurídico 5.

*La negrita y el subrayado son nuestros.

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Sentencias condenatorias delito trata de seres humanos 2012-2016

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Documento recopilatorio de “Sentencias condenatorias Audiencias Provinciales art. 177 bis de Enero de 2012 a Octubre de 2016”, en el que se recogen datos tales como:

  • Audiencia Provincial y fecha de la sentencia (Barcelona 26-11-2012; Madrid 26-12-2012; Barcelona 06-02-2013; Madrid 08-03-2013; Cuenca 02-04-2013; Madrid 22-04-2013; Cádiz 28-06-2013; Madrid 30-12-2013; Valencia 24-03-2014; Vigo 14-05-2014; Madrid 12-06-2014; Madrid 12-06-2014; Castellón 07-07-2014; Barcelona 15-09-2014; Madrid 24-10-2014; Madrid 15-12-2014; Málaga 15-01-2015; Ávila 20-01-2015; Madrid 20-01-2015; Málaga 18-02-2015; Madrid 09-03-2015; Valladolid 27-03-2015; Madrid 14-04-2015; Madrid 19-05-2015; Málaga 03-06-2015; Pontevedra 11-06-2015; Pontevedra 01-07-2015; Málaga 14-09-2015; Las Palmas 25-09-2015; Sevilla 20-10-2015; Almería 13-11-2015; Barcelona 23-11-2015; Madrid 30-11-2015; Lérida 01-12-2015; Tenerife 02-12-2015; Zaragoza 15-01-2016; Barcelona 15-02-2016; Valencia 30-03-2016; Madrid 02-06-2016; La Coruña 29-07-2016 y León 07-10-2016).
  • Audiencia Nacional (26-01-2015)
  • Acusado/a/os/as y su nacionalidad (búlgara, paraguaya, rumana, marroquí, colombiana, nigeriana, española, cubana, rusa, ucraniana,  china, portuguesa y brasileña)
  • Víctima/s, si mayor o menor de edad, así como su nacionalidad (búlgara, paraguaya, rumana, nigeriana, guineana, rusa, china, española y brasileña)
  • Tipo de Trata de Seres Humanos, vías de llegada y lugar de captación: explotación sexual: captación en Bulgaria, Paraguay, Italia, Rumanía (Bucarest, Tulosa, Calarasi, Targoviste), Nigeria (Benin City, Uromi), Rusia, España (Málaga), Brasil; mendicidad (captación en Rumanía); prácticas similares a la esclavitud y para cometer delitos (captación en Rumanía); explotación laboral, esclavitud (España)
  • Duración de la explotación
  • Testimonio de la víctima en juicio, mediante videoconferencia o  si se hizo valer la prueba preconstituida
  • Víctima protegida por ONG experta
  • Sentencia condenatoria
  • Total años de prisión
  • Reconocimiento indemnización en la sentencia
  • Cuantía de la indemnización reconocida

*Información obtenida a través de la página web de la Fiscalía General del Estado.

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Jurisprudencia Tribunal Constitucional

– Sala Primera. Sentencia 146/2016, de 19 de septiembre de 2016. Recurso de amparo 4160-2014. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid declarando su falta de competencia territorial para conocer del recurso interpuesto frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en las Illes Balears en materia de extranjería. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión del recurso de amparo que no contiene justificación de su especial trascendencia constitucional. Voto particular. (Publicada en el BOE en fecha 31/10/2016)

” tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ya no basta, para que el recurso de amparo pueda ser admitido, con razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental; es preciso, además, justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional en atención a los criterios que señala el art. 50.1 b) LOTC. Para ello la demanda del recurrente habrá de disociar adecuadamente la argumentación dirigida a acreditar la existencia de la lesión del derecho fundamental que se alega y los razonamientos específicamente dirigidos a satisfacer la carga de justificar la especial trascendencia constitucional, como exige expresamente el art. 49.1 in fine LOTC.”

– Pleno. Sentencia 154/2016, de 22 de septiembre de 2016. Recurso de amparo 6144-2014. Promovido por la asociación Algeciras Acoge en relación con el Auto de un Juzgado de Instrucción de Algeciras que denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus. Alegada vulneración del derecho a la libertad personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión del recurso de amparo por falta de legitimación de la asociación promotora. Voto particular(Publicada en el BOE en fecha 31/10/2016)

” El art. 3 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de regulación del procedimiento de habeas corpus (LOHC) establece que sólo pueden instar este procedimiento, además del titular del derecho, esto es, el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo y, finalmente respecto a los menores y personas incapacitadas, también sus representantes legales. Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente.” (…)

” no debe confundirse el «interés legítimo» [art. 162.1 b) CE], con un «interés genérico en la preservación de derechos»”

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Sentencia TJUE autorización residencia y antecedentes penales

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 13 de Septiembre de 2016, por la que damos nuestra enhorabuena a las compañeras de Málaga Acoge Aránzazu Triguero Hernández y Liliana De Rossi.

«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Derecho de residencia en un Estado miembro de un nacional de un tercer Estado que tiene antecedentes penales — Progenitor que tiene la guarda exclusiva de dos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión — Primer hijo que tiene la nacionalidad del Estado miembro de residencia — Segundo hijo que tiene la nacionalidad de otro Estado miembro — Legislación nacional que excluye la concesión de una autorización de residencia a dicho ascendiente debido a sus antecedentes penales — Denegación de la residencia que puede llevar aparejada la obligación de que los hijos menores de edad abandonen el territorio de la Unión»

(…) En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia a un nacional de un tercer Estado, progenitor de un hijo menor de edad ciudadano de la Unión y nacional de un Estado miembro distinto del Estado miembro de acogida, que está a su cargo y que reside con él en el Estado miembro de acogida, debido únicamente a que dicho nacional de un tercer Estado tiene antecedentes penales.

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a esa misma normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia al nacional de un tercer Estado, progenitor de unos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión y de los que tiene la guarda exclusiva, debido únicamente a que el interesado tiene antecedentes penales, cuando tal denegación tenga como consecuencia obligar a esos hijos suyos a abandonar el territorio de la Unión Europea.

*Información obtenida a través de la página del Tribunal de Justicia de la UE (curia.europa.eu)

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Relevante Jurisprudencia Tribunal Constitucional

– Sala Segunda. Sentencia 131/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo 5646-2014, en relación con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimatoria, en apelación, del recurso interpuesto frente a resolución sancionadora en materia de extranjería dictada por la Subdelegación del Gobierno en Valencia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 140/2009). (Publicada en el BOE en fecha 16/08/2016)

Pleno. Sentencia 139/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4123-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Límites de los decretos-leyes, derecho a la salud y competencias sanitarias, derecho a la protección de datos de carácter personal: nulidad del precepto legal que remite en blanco al reglamento la determinación del nivel de ingresos que no deben superar quienes, sin tener vínculo alguno con el sistema de Seguridad Social, aspiren a acceder a la condición de asegurados. Votos particulares(Publicada en el BOE en fecha 16/08/2016)

Ha decidido

1.º Declarar inconstitucional y nulo el inciso «siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente» del art. 3.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la redacción dada al mismo por el art. 1.1 del Real Decreto-ley 16/2012.

2.º Desestimar el recurso en todo lo demás

Pleno. Sentencia 140/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 973-2013. Interpuesto por ciento nueve Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y acceso al recurso) y a la igualdad en la ley; principio de capacidad económica y control de legalidad de la actividad administrativa: nulidad del precepto legal que determina la cuota tributaria de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil (recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal), contencioso-administrativo y social. (Publicada en el BOE en fecha 16/08/2016)

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Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 103/2016, de 6 de junio de 2016. Recurso de amparo 1546-2013. Promovido por don Volodymyr Dyiakon respecto de las resoluciones dictadas por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 15/07/2016)

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Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 89/2016, de 9 de mayo de 2016. Recurso de amparo 2379-2011. Promovido por don Stepan Neyko respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a un año en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en  el BOE en fecha 18/06/2016)

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Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 75/2016, de 25 de abril de 2016. Recurso de amparo 7650-2010. Promovido por don Jesús Padilla Muguercia respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 31/05/2016)

Sala Segunda. Sentencia 76/2016, de 25 de abril de 2016. Recurso de amparo 8423-2010. Promovido por doña Jeaneth Fátima Churqui Mercado respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 31/05/2016)

Sala Segunda. Sentencia 77/2016, de 25 de abril de 2016. Recurso de amparo 8735-2010. Promovido por don Martins Oriaifo respecto de los decretos dictados por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a cuatro años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016). (Publicada en el BOE en fecha 31/05/2016)

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Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 63/2016, de 11 de abril de 2016. Recurso de amparo 4577-2011. Promovido por don José Vicente Lapo Estrada respecto de la diligencia de ordenación dictada por la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, convocando a las partes para la celebración de vista en proceso sobre de expulsión del territorio nacional, y del decreto de la misma Secretaría que confirmó aquella en reposición. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a dos años en la celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 142/2010). (Publicada en el BOE en fecha 20/05/2016)

(…) el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando. Tales son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades.

(…) 7. Por todo lo anterior, cabe concluir que se ha vulnerado en este caso el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del recurrente (art. 24.2 CE), como consecuencia de la fecha fijada por el órgano judicial para la celebración de la vista de su recurso contencioso-administrativo. Al igual que en otros casos resueltos por este Tribunal (por todas, STC 89/2014, de 9 de junio, FJ 7), el otorgamiento del amparo debe limitarse a la declaración de la violación del derecho fundamental, dado que, celebrada efectivamente la vista en la dilatada fecha señalada en su día para el 22 de abril de 2014, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 27 de Madrid dictó, pocos días después, Sentencia estimatoria del recurso contra la resolución de expulsión.

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Resumen Jurisprudencia 2015

Foto índice resumen jurisprudencia extranjería otrosí 2015

Ficha elaborada por el Área procesal de Extranjería con el resumen de la jurisprudencia publicada en los boletines de OTROSÍ durante 2015 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia).

*Información obtenida a través de la revista otrosí del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). 

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Jurisprudencia Tribunal Supremo

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 29/12/2015, sobre asilo (Bangladesh). Ha lugar al recurso de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 21/12/2015, sobre denegación de asilo (Ucrania). No ha lugar al recurso de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 18/12/2015, sobre visado de corta duración (Cuba). Ha lugar al recurso de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 14/12/2015, sobre denegación de asilo (Colombia). No ha lugar al recurso de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 14/12/2015, sobre denegación de asilo (Colombia). No ha lugar al recurso de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 10/12/2015, sobre asilo (Siria). Ha lugar al recurso de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 16/11/2015, sobre denegación de visado de reagrupación familiar (República Dominicana). No ha lugar al recurso de casación.

* Sentencias obtenidas a través del buscador de Jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ).

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Jurisprudencia relativa a Asilo y Refugio

Compendio de Jurisprudencia en materia de Asilo y Refugio, obtenida a través de la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

TEDH de Strassbourg

1.- Amuur c. Francia, nº19776/92, de 25 de junio de 1996

2.- Quinn c. Francia, demanda nº 18580/91, de 22 de febrero de 1995

3.- Dougoz c. Grecia, nº 40907/98, de 6 de marzo de 2001

4.- Conka c. Bélgica, de 5 de Febrero de 2002

5.- Hirsi Jamaa y otros c. Italie, de 23 de Febrero de 2012

6.- De Souza Ribeiro c. Francia Sentencia de Gran Sala de 13 de Diciembre de 2012

7.- Khlaifia y otros c. Italia, de 1 de Septiembre de 2015

Tribunal Constitucional

STC 142/2010, de 21 de diciembre de 2010 (Sala Segunda). Recurso de amparo 9208-2009. Dilaciones indebidas

Tribunal Supremo

1.- STS (Sala 3ª. Sección 3ª) de 23 de febrero de 2015. El TS reconoce el derecho de asilo a Alexandr Pavlov

2.- STS (Sala 3ª. Sección 3ª) de 27 de noviembre de 2014. Asilo en frontera.

3.- STS (Sala 3ª. Sección 3ª) de 24 de junio de 2013. Derecho de asilo y protección subsidiaria. Inadecuación del procedimiento del artículo 21.2.b

Audiencia Nacional

1.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 8ª) de 1 de junio de 2015-Apatrida Polisario

2.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 2ª) de 16 de abril de 2015-Alto Cargo Georgia

3.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo.Sección 2ª) de 5 de febrero de 2015. Declara improcedente el archivo del expediente de asilo de nacional de Costa de Marfil

4.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo.Sección 2ª) de 16 de octubre de 2014.

5.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 2ª) de 17 de julio de 2014. Anula la resolución del Ministerio del Interior que denegó el asilo al kazajo Alexander Pavlov

TSJS

1.-Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 1ª). Sede Burgos de 17 de julio de 2015. Confirma suspensión de la expulsión por ser solicitante de protección internacional.

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Jurisprudencia Tribunal Constitucional

Sala Segunda. Sentencia 207/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 1250-2014. Promovido por don Oumar Fall respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de Málaga que inadmitieron su impugnación de la orden administrativa de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por falta de apoderamiento del procurador que había sido designado de oficio. (Publicada en el BOE en fecha 13/11/2015)

Sala Primera. Sentencia 204/2015, de 5 de octubre de 2015. Recurso de amparo 4887-2013. Promovido por doña Nouria Taibi en relación con el Auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca que denegó la incoación de procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: inadmisión de una petición de habeas corpus por razones de fondo (STC 195/2014). (Publicada en el BOE en fecha 13/11/2015)

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