Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fondo de Asilo, Migración e Integración
Asociación PROGESTIÓN
Finalista Premio Corresponsables 2016 Fundación CORRESPONSABLES

Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas, cuyo índice es el siguiente y del que resaltamos:

ÍNDICE

1. Introducción.

2. Concepto de trabajo forzoso y delimitación de figuras afines.

2.1 Delimitación de figuras afines al trabajo forzoso.

3. Marco jurídico.

3.1 El trabajo forzoso en el ámbito internacional y europeo.

A. En el ámbito de las Naciones Unidas.

B. En el ámbito europeo.

3.2 El trabajo forzoso en el ordenamiento jurídico español.

4. Diagnóstico de las relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas en España.

5. Por qué un plan de acción.

6. Plan de Acción Nacional contra las relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas.

6.1 Finalidad, objeto y metodología del plan de acción.

7. Estructura del plan de acción.

8. Duración, seguimiento y evaluación.

8.1 Vigencia del Plan.

8.2 Seguimiento y evaluación de cumplimiento del Plan.

9. Plan de Acción Nacional contra las relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas.

—-

(…)

2.1 A. Trabajo forzoso y explotación laboral. (…)

B. Trabajo forzoso y trata de seres humanos. (…)

C. Trabajo forzoso y otras figuras afines: (…)

3.2 (…)

Además, el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su Integración Social, reconoce el derecho de las víctimas potenciales de trata a acceder a un período de restablecimiento y reflexión, cuya duración será al menos de noventa días y, en todo caso, suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este período, la víctima tendrá autorizada su estancia temporal, y no se incoará un expediente sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. La Administración velará por su subsistencia y, de resultar necesario, su seguridad y protección. El artículo 59 bis únicamente se aplica a las víctimas extranjeras en situación administrativa irregular que hayan sido víctimas de trata de seres humanos, si bien, de conformidad con la disposición adicional única del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, serán de aplicación a las víctimas potenciales de trata de seres humanos nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del régimen comunitario de extranjería, en lo referente al deber de la Administración de velar por su subsistencia, seguridad y protección. El Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, suscrito el 28 de octubre de 2011 constituye un mecanismo de cooperación entre instituciones, está referido a todas las víctimas de trata de seres humanos, con independencia de su origen y situación administrativa (nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea o extracomunitarias, en situación regular o irregular) y recoge los procedimientos de identificación, protección y asistencia a toda víctima del delito de trata con independencia del propósito de explotación (laboral, sexual o extracción de órganos).

Además, conviene resaltar que hay víctimas que, por la peculiar regulación y características de sus sectores de actividad, son más vulnerables que otras. Entre otras, podemos destacar el sector del trabajo en el hogar, en el que está previsto reforzar la protección de las personas trabajadoras en el marco de la próxima ratificación del Convenio OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)

Por ello, resulta necesaria la adopción de medidas normativas o de otro tipo que garanticen la asistencia y protección de todas las víctimas de trabajo forzoso, tanto en los casos en los que dicha situación concurra con situaciones de trata de seres humanos, como en los que no. Y con independencia de la nacionalidad y situación administrativa de las víctimas.

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