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Impacto medidas por COVID-19 en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales

Resolución del Parlamento Europeo sobre el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales: libre circulación, asilo, etc. (DOUE)

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de hoy publica la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2020, sobre el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, de la que resaltamos:

Vistas las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los relatores especiales de las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otros órganos de las Naciones Unidas sobre el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

(…)

D. Considerando que algunos países de la Unión han declarado el estado de emergencia (28) contemplado en sus constituciones (29), lo que en algunos casos ha planteado problemas jurídicos, mientras que otros han recurrido a los poderes de emergencia previstos en el Derecho común (30) o a la legislación ordinaria (31) para adoptar con urgencia medidas restrictivas destinadas a combatir la pandemia de COVID-19; que estas medidas tienen un impacto en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ya que afectan al ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, como la libertad de circulación, la libertad de reunión y asociación, la libertad de expresión e información, la libertad religiosa, el derecho al respeto de la vida familiar, el derecho de asilo, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la intimidad y la protección de datos, el derecho a la educación y el derecho a trabajar; que estas medidas también repercuten en las economías de los Estados miembros;

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R. Considerando que la libertad de circulación ha experimentado restricciones en todos los Estados miembros debido al autoaislamiento obligatorio o recomendado y a la prohibición de los desplazamientos no esenciales; que, para frenar la pandemia de COVID-19, la mayoría de los Estados miembros del espacio Schengen han restablecido los controles en las fronteras interiores o cerrado dichas fronteras, ya sea parcial, totalmente o a determinados tipos de viajeros, incluidos ciudadanos de la Unión y sus familiares o nacionales de terceros países que residen en su territorio o en el de otro Estado miembro; que, cuando se introdujeron estas medidas, hubo una clara falta de coordinación entre los Estados miembros y con las instituciones de la Unión (39); que algunos Estados miembros han implantado restricciones ilegales y discriminatorias por no permitir a residentes de otra nacionalidad de la Unión entrar en su territorio;

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AB. Considerando que las medidas de confinamiento y el cierre de las fronteras han tenido un gran impacto en el acceso a los procedimientos de asilo; que muchos Estados miembros limitaron temporalmente o incluso suspendieron la tramitación de las solicitudes de asilo, y que la mayoría suspendieron los traslados, las devoluciones y los reasentamientos del sistema de Dublín; que algunos Estados miembros han declarado sus puertos como poco seguros o no permitieron el desembarque de los migrantes rescatados en operaciones de búsqueda y salvamento, dejándolos abandonados a su suerte durante un período ilimitado en el mar y, por tanto, poniendo sus vidas en peligro; que la mayoría de los Estados miembros ya han reanudado estas actividades; que se han registrado brotes de COVID-19 en varios centros de acogida de solicitantes de asilo, poniendo en riesgo directamente a los grupos vulnerables, y que los campamentos superpoblados en las fronteras exteriores de la Unión siguen entrañando un riesgo particular de que se produzca un brote masivo, ya que no se pueden aplicar normas de distanciamiento social, al mismo tiempo que existen importantes restricciones relativas a la acogida y al acceso a alimentos, agua, instalaciones de saneamiento y atención sanitaria mental y física, incluso para quienes han contraído la COVID-19;

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AD. Considerando que la aplicación de las restricciones de la COVID-19 debe ser proporcionada y no discriminatoria para evitar que se impongan indebidamente a personas que pertenecen a minorías étnicas y grupos marginados; que la pandemia afecta de forma desproporcionada al pueblo romaní, en el que las mujeres y los niños suelen ser los grupos más vulnerables, y en particular a quienes viven en condiciones de marginación y exclusión social sin acceso a agua potable o servicios de saneamiento, donde resulta prácticamente imposible seguir las normas de distanciamiento social o cumplir las medidas estrictas de higiene; que se han presentado denuncias de episodios de racismo y xenofobia en varios Estados miembros en los que se ha producido discriminación contra personas de una nacionalidad u origen determinados; que personas de origen asiático y personas romaníes han sido blanco de ataques y discursos de odio; que ciertos políticos de algunos Estados miembros han utilizado artículos de los medios de comunicación sobre los retornos masivos de trabajadores migrantes romaníes de países con una alta prevalencia de COVID-19 para avivar los temores sobre la propagación del virus, reforzando las actitudes y los estereotipos negativos;

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AF. Considerando que las medidas adoptadas para detener la propagación del coronavirus plantean un riesgo para igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, un derecho consagrado en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular para los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, como personas de edad avanzada o enfermos crónicos, personas con discapacidad, personas LGBTI+, niños, progenitores, mujeres embarazadas, personas sin techo, todos los migrantes, incluidos los migrantes indocumentados, los solicitantes de asilo y los refugiados, y miembros de minorías étnicas o de otro tipo; que los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos han sufrido consecuencias negativas durante la crisis sanitaria; que en algunos Estados miembros se ha restringido considerablemente el acceso a la salud reproductiva y los derechos afines, incluido el derecho al aborto, lo que se ha traducido en una prohibición de facto que ha obligado a los manifestantes a tomar las calles en medio de una pandemia; que la escasez de medicamentos, la desviación de recursos de otros problemas de salud y la interrupción repentina de determinados tratamientos, como la FIV y los tratamientos en transición, pueden plantear riesgos para pacientes que padecen otras enfermedades (43); que el duelo, el aislamiento, la presión añadida por conciliar la vida laboral con la personal para los progenitores y los trabajadores de primera línea, la pérdida de ingresos y el miedo están ocasionando problemas de salud mental o empeorando los existentes, lo que ha derivado en una mayor demanda de los servicios de salud mental y en una necesidad apremiante de aumentar la financiación de tales servicios;

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AI. Considerando que, en virtud de los Tratados, los límites de las competencias de la Unión se rigen por el principio de atribución, y el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

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6. Insta a los Estados miembros a que evalúen las medidas aplicadas por las que se ha restringido la libertad de circulación, que ejerzan la máxima moderación y que garanticen el pleno respeto de la legislación de la Unión, en particular el Código de fronteras de Schengen y la Directiva sobre la libre circulación, cuando se planteen imponer nuevas restricciones a la libre circulación; recuerda que, de conformidad con el Código de fronteras de Schengen, la evaluación de la necesidad de controles en las fronteras interiores y su extensión cuando se establezcan como una acción inmediata deben ser supervisadas a escala de la Unión; pide a la Comisión, en este sentido, que ejerza un control adecuado sobre la aplicación del acervo de Schengen y, en particular, que evalúe las medidas ya adoptadas por los Estados miembros, así como la oportunidad y la calidad de las notificaciones realizadas por los Estados miembros, que supervise de cerca la evolución de la situación y que, en caso necesario, recuerde a los Estados miembros sus obligaciones legales y adopte dictámenes; anima a la Comisión a que haga uso de sus prerrogativas para solicitar información adicional a los Estados miembros; pide a la Comisión que mejore su notificación al Parlamento sobre la forma en que ejerce sus prerrogativas en virtud de los Tratados; recuerda la importancia de una mayor integración del espacio Schengen, basada en las evaluaciones y recomendaciones de la Comisión;

7. Pide a los Estados miembros que respeten el derecho a la vida familiar, en particular en el caso de las familias que viven y trabajan en diferentes Estados miembros y más allá, y que solo admitan las restricciones cuando sea estrictamente necesario y proporcionado; insta a los Estados miembros a que permitan la reunificación de parejas y familias separadas por las medidas de la COVID-19, con independencia de su estado civil, y que se abstengan de imponer normas innecesariamente estrictas para demostrar el parentesco;

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16. Reconoce que la mayoría de los Estados miembros han reanudado sus procedimientos de asilo y que algunos han aprovechado este último período en el que se han recibido menos solicitudes nuevas para reducir la acumulación de solicitudes pendientes; pide a los Estados miembros que garanticen plenamente el acceso a un procedimiento de asilo y que preserven el derecho individual al asilo, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales, y que lleven a cabo procedimientos de reasentamiento y retorno dignos con pleno respeto del Derecho internacional; solicita, asimismo, que se proporcione o se restablezca lo antes posible el acceso a los servicios de traducción para los solicitantes de asilo; insta a los Estados miembros a que habiliten instalaciones apropiadas para atender los problemas de salud físicos y mentales en los centros de acogida, habida cuenta de las malas condiciones sanitarias, el entorno de alto riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones de refugiados durante la pandemia de COVID-19; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un plan eficaz, centrado en la salud pública, para abordar de forma exhaustiva su situación, en particular en las fronteras exteriores, garantizando el derecho al asilo y ofreciendo unas condiciones de acogida adecuadas a los refugiados y los solicitantes de asilo; recuerda que las medidas relacionadas con la COVID-19 nunca deben conducir a la detención; pide la reagrupación familiar con carácter urgente, la evacuación inmediata de los campamentos en las islas griegas y la reubicación de los solicitantes de asilo en otros Estados miembros, dando prioridad a las personas más vulnerables, los menores no acompañados y las familias con niños; pide a los Estados miembros que permitan el desembarque y garanticen que este se realice en un lugar seguro, en virtud del Derecho internacional y del Derecho de la Unión pertinentes, y que lo hagan lo antes posible;

17. Considera que la discriminación se ha acentuado durante la pandemia y que determinados grupos han sido blanco de discursos de odio y medidas discriminatorias; pide a los Estados miembros que condenen dichos discursos de odio y que pongan fin a tales medidas discriminatorias y las reparen; insta a las autoridades nacionales y, en particular a las locales, a que redoblen sus esfuerzos para combatir el odio racial contra la población romaní, desmonten los estereotipos negativos e impliquen a las personas de origen romaní en la identificación y aplicación de medidas para hacer frente a la pandemia; solicita a los Estados miembros que no escatimen esfuerzos en la luchar contra la homofobia y la transfobia, ya que la pandemia ha exacerbado la discriminación y las desigualdades de que son víctimas las personas LGBTI+;

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24. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas.

Recomendación UE restricción temporal viajes no esenciales y posible levantamiento

octubre 11, 2021