Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fondo de Asilo, Migración e Integración
Asociación PROGESTIÓN

Informe anual Defensor del Pueblo 2020

 

El Defensor del Pueblo ya ha publicado su informe anual relativo al año 2020, que pueden ver a continuación y que recoge la gestión de las actividades y actuaciones del Defensor del Pueblo llevadas a cabo a lo largo del año 2020.

Destacamos, por la materia que nos ocupa:

EDUCACIÓN

En este ejercicio también se han recibido numerosas quejas por demoras en la tramitación de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros. A pesar de los esfuerzos y medidas adoptadas por el Ministerio de Universidades, el Defensor lamenta que durante 2020 haya continuado la situación de colapso, llegándose a acumular más de treinta mil expedientes, situación inaceptable que los órganos implicados continúan atribuyendo a estar desprovistos de los suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a una adecuada gestión de sus funciones.

Para paliar la falta de personal sanitario, el Defensor formuló una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilitara la incorporación de los profesionales sanitarios que en ese momento permanecían a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria. Esta recomendación fue aceptada.

MENORES

En lo relativo a los menores extranjeros no acompañados, un año más, se han recibido numerosas quejas relacionadas con los procedimientos de determinación de la edad a extranjeros indocumentados, cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad. Se mantiene la discrepancia con la Fiscalía General del Estado sobre la idoneidad y la suficiencia de las pruebas médicas realizadas.

También se siguen detectando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y las que facilita el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

En 2020, a través de una Instrucción, la Dirección General de Migraciones estableció los requisitos de acceso a una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El Defensor celebra esta medida que, junto a la aceptación de la recomendación para la modificación del régimen jurídico de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no acompañados contribuirá a la necesaria mejora de la integración socio laboral de este colectivo.

Por otra parte, se han recibido quejas de organizaciones de defensa de la infancia que solicitan la intervención del Defensor para que se impulsen medidas que erradiquen la proliferación de discursos de odio contra los menores extranjerosno acompañados. En diversas ocasiones, Fernández Marugán ha realizado llamamientos para combatir los mensajes “intolerantes y xenófobos” contra estos niños y niñas.

Un año más, Fernández Marugán ha de mostrar su preocupación con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla que, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor y, de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla o residen en la ciudad autónoma desde hace años. Durante todo el año 2020 la Institución ha iniciado varias actuaciones y formulado sugerencias a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para intentar solucionar esta situación.

VIOLENCIA MACHISTA

La especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres extranjeras expuestas a violencia de género preocupa especialmente al Defensor que ha vuelto a insistir en la necesidad de reforzar la protección frente a la expulsión de las mujeres en situación irregular que acuden a una comisaría de policía.

El Defensor ha denunciado de nuevo las dificultades para la identificación de las víctimas de trata de seres humanos y ha pedido mejorar los protocolos existentes para la detección de perfiles especialmente vulnerables. Además, ha alertado sobre la necesidad de asegurar que aquellas, pocas, víctimas que entran en contacto con las autoridades, reciban una respuesta ágil y rápida, tomando todas las medidas necesarias para su identificación y protección.

También ha señalado problemas en la identificación de menores víctimas de trata. El informe recoge las carencias detectadas por el Defensor en el caso de dos menores somalíes. Fernández Marugán insiste en la necesidad de una formación especial para las entrevistas de asilo con menores y reclama la identificación de centros adecuados para la atención de este perfil de niñas con unas necesidades específicas.

MIGRACIONES

En 2020 cerca de 40.000 personas llegaron a España de manera irregular, de ellas más de 20.000 lo hicieron a las islas Canarias. La Institución ha recogido todas sus actuaciones y las visitas realizadas a instalaciones y centros para personas migrantes ubicados en este archipiélago en un monográfico sobre la situación migratoria en Canarias.

Ante el incremento de llegadas a costa, el Defensor inició actuaciones de oficio con Canarias, Andalucía, Illes Balears, Murcia y Comunitat Valenciana y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer las medidas sanitarias que estaban adoptando ante posibles casos de covid. El citado ministerio estableció un protocolo que ha sido objeto de seguimiento por parte de la Institución.

Con la crisis sanitaria se incrementaron los problemas de sobreocupación en los Centros de Estancia Temporal de inmigrantes (CETI), especialmente en el de Melilla. La Institución solicitó en reiteradas ocasiones el traslado de las personas más vulnerables a la península. Se llevaron a cabo algunos traslados, pero a juicio del Defensor no resolvieron la situación de este centro.

Tras decretarse el estado de alarma, la Institución comenzó a recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no podía llevarse a cabo su devolución o expulsión. Todos los internos que se hallaban en los CIE fueron puestos en libertad.

La cuestión que más ha afectado a los ciudadanos extranjeros residentes ha sido las demoras en los trámites para la obtención de las tarjetas de identidad, así como de los documentos que acreditan la condición de solicitantes de protección internacional. Con casi seis millones de residentes legales que hay en la actualidad en España, en opinión del Defensor, el Ministerio del Interior debería revisar con urgencia los medios personales y materiales asignados a la tramitación de la documentación de extranjeros. Fernández Marugán formuló una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilitara a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.

El número de solicitudes de asilo en España durante 2020 ha caído notablemente con respecto al año anterior, debido a una disminución del número de llegadas de extranjeros por el cierre de fronteras y las restricciones impuestas a los viajes internacionales por la COVID-19. Según datos del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre, 88.762 personas habían formulado su solicitud.

La mayoría de las quejas continúan centradas en el acceso al procedimiento y en las demoras en la obtención de cita previa para realizar distintos trámites. Además, a pesar de las medidas adoptadas para reforzar los recursos de acogida, siguen recibiéndose quejas por problemas de acceso al sistema de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional, en distintos puntos de España.

En 2020 la Administración ha aceptado la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, admitiendo la compatibilidad entre los procedimientos de protección internacional y las solicitudes de residencia por arraigo. La Institución valora muy positivamente su aceptación, pues permite configurar un marco mucho más garantista y conforme con la normativa internacional.

A pesar de las medidas que se han ido adoptando para racionalizar y adaptar el sistema de acogida a una demanda creciente de solicitantes de asilo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha reconocido que la capacidad para reforzarlo es limitada, pues el sistema se encuentra desbordado. El Defensor insiste en que han de seguir buscándose fórmulas para abordar las carencias estructurales del sistema y dar respuesta a la emergencia existente y en este sentido, reclama la participación de todas las administraciones implicadas, que deben estar coordinadas para ofrecer una acogida digna e integral a los solicitantes de protección internacional.

Durante las primeras semanas, tras la declaración de la pandemia, numerosos ciudadanos españoles y extranjeros residentes legales en España, que se encontraban fuera del país, solicitaron la intervención de la Institución para volver a territorio español. Desde el Defensor se mantuvo una comunicación constante con estas personas y se les trasladó toda la información que facilitaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En algunos casos la Institución formuló resoluciones que en la mayoría de las ocasiones fueron aceptadas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

También se inició una actuación general con el Banco de España al recibirse quejas de ciudadanos extranjeros, algunos de ellos personas en situación vulnerable, a quienes se les está denegando la apertura de cuentas bancarias, “por no tener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), cuando con el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o el pasaporte sería suficiente”. Por las quejas que han continuado recibiéndose el Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que la apertura de una cuenta para ciertas categorías de personas, incluso para el acceso a la denominada cuenta de pago básica, puede resultar compleja. Parece que las entidades bancarias que actúan en España tienen una cierta tendencia a optar por la denegación a la mínima dificultad añadida, en lugar de gestionar ese riesgo de forma más particularizada. Por ello se mantiene el asunto en estudio.

REGISTRO CIVIL

Un año más, la Institución continúa recibiendo quejas tanto por las demoras en la resolución de las solicitudes de nacionalidad por residencia como por los retrasos en la notificación de las resoluciones, en aquellos casos en los que no se ha consentido la notificación electrónica.

Fernández Marugán insiste, una vez más, en la necesidad de adoptar las medidas necesarias para resolver las demoras en la resolución de los expedientes de nacionalidad española por residencia, evitando así los enormes perjuicios que estos retrasos suponen a las personas afectadas. A juicio del Defensor, “esta situación debe finalizar y para ello es imprescindible una financiación económica suficiente”.

La situación del Registro Civil Central también ha sido objeto, un año más, de numerosas quejas por las demoras en la emisión de certificados y en la práctica de inscripciones de matrimonio. Tras constatar que su funcionamiento deficiente afecta a la esfera privada de las personas el Defensor ha formulado resoluciones para intentar paliar esta situación. Así, ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia dotar al registro de los medios necesarios para prestar un servicio público de calidad, ágil y eficiente. También ha pedido abordar, con carácter urgente, la digitalización del registro civil. Por último, recomendó a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid que reforzase, de manera urgente, el personal que atiende el servicio de certificaciones y asuntos generales del Registro Civil Central.

En su informe anual, Fernández Marugán señala que el retraso en la entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil ha provocado una ralentización en su modernización. El 30 de abril de 2021 por fin ha entrado en vigor tras una espera de casi diez años.

* Información obtenida a través de la página web del Defensor del Pueblo.

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