Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Fondo de Asilo, Migración e Integración
Asociación PROGESTIÓN

Asistencia sanitaria universal

 

El Defensor del Pueblo ha formulado recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las comunidades autónomas de Madrid y Galicia para proteger el derecho a la salud y garantizar la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a ciertos colectivos vulnerables excluidos de la normativa vigente.

Destacamos:

El Defensor ha recordado al Ministerio de Sanidad que el Gobierno debe aprobar, a la mayor brevedad posible, la norma reglamentaria que desarrolle un procedimiento definitivo para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria para ciudadanos españoles y extranjeros.

Además, la Institución considera inadecuadamente regulada la situación de los ciudadanos extranjeros que residen en España en virtud de su vinculación familiar con un ciudadano español o comunitario. (…)

El Defensor del Pueblo, por tanto, ha recomendado hacer más asequible la suscripción del convenio público de asistencia sanitaria con los servicios de salud, que regula el Real Decreto 576/2013.  Una flexibilización de los requisitos de acceso a ese convenio, exigiéndose menos de un año de residencia y disminuyendo la cuantía mensual a abonar para los mayores de 65 años, podría dar respuesta a este problema.

Por último, el Defensor ha recomendado impulsar los cambios necesarios en la Ley de Cohesión y Calidad para que determinadas personas extranjeras, sin derecho a asistencia sanitaria gratuita al encontrarse en estancia temporal, pero en condiciones de gran vulnerabilidad social, puedan ser atendidas por el Sistema Nacional de Salud.

* Información obtenida a través del portal web del Defensor del Pueblo, donde pueden ampliar información sobre esta noticia así como las distintas recomendaciones:

RECOMENDACION: Trasladar instrucciones y directrices a las unidades administrativas de los centros sanitarios dependientes de la Comunidad de Madrid con el fin de que se dé una adecuada y completa información sobre sus derechos a las mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad social, especialmente cuando requieran asistencia al embarazo y se detecte un riesgo asociado a la explotación sexual y la trata de seres humanos.

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