Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fondo de Asilo, Migración e Integración
Asociación PROGESTIÓN
Finalista Premio Corresponsables 2016 Fundación CORRESPONSABLES

Jurisprudencia Tribunal Constitucional: conocimiento lengua castellana Cataluña

Pleno. Sentencia 87/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6352-2010. Interpuesto por la Defensora del Pueblo en funciones respecto de los apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña. Derechos lingüísticos y competencia sobre inmigración: nulidad del precepto legal autonómico que hace depender el acceso al conocimiento de la lengua castellana de la efectiva adquisición de competencias básicas en lengua catalana; interpretación conforme de la afirmación del catalán como lengua vehicular en la gestión de las políticas de acogida e integración de inmigrantes. (Publicada en el BOE en fecha 19/07/2017)

Conocimiento lingüístico de las personas inmigradas y regresadas a Cataluña (STC 4 de julio 2017, sobre la Ley catalana 10/2010)

1. La obligación impuesta al extranjero de alcanzar un determinado nivel lingüístico en catalán, como condición de acceso a las acciones formativas en castellano, es inconstitucional y nulo porque se aparta del objetivo común de integración social del extranjero en la sociedad española.

2. Se declara inconstitucional y nulo el inciso: “que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana” (apartado 5 artículo 9).

3. Declara la constitucionalidad del apartado 4 del artículo 9, siempre que se interprete de modo que no impida a los extranjeros utilizar el castellano como lengua vehicular en las acciones sociales formativas e informativas.

4. El Defensor del Pueblo tiene legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad “sin sujetarla a límites o condiciones objetivas de ningún tipo”. Dicha legitimación se deriva “de la alta cualificación política que se infiere de su cometido constitucional”.

Es claro que al Defensor del Pueblo no le corresponde establecer la política de inmigración, pero sí le toca supervisarla de manera cuidadosa (artículo 54 de la Constitución y Legislación de desarrollo), para comprobar el cumplimiento del catálogo constitucional de derechos y libertades.

* Comentarios de la sentencia obtenidos a través de la página web del Defensor del Pueblo.

 

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